●.- Sin rigor, las licitaciones en la Secretaría de Salud: abogado Tomás Ricardo Coronado Zárate, representante legal de Quickshine del Potosí.
●.- Exhibe factura usada por Gabriel Salazar para cobrar 3 millones 500 mil pesos, en esa dependencia.
Escribe │ Eduardo Delgado
Fuente: https://www.astrolabio.com.mx/
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO. VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2020.- Para evidenciar que en los Servicios de Salud las licitaciones no son “rigurosas”, como asegura la titular Mónica Liliana Rangel Martínez, el abogado Tomás Ricardo Coronado Zárate mostró copia de la factura expedida y pagada el mismo día a Quickshine del Potosí, empresa ajena al padrón de proveedores de esa dependencia y constituida para prestar servicios de limpieza, “no para vender productos médicos”, precisó.
Este miércoles se publicó en este portal que Gabriel Alán Salazar Soto expidió y cobró en los Servicios de Salud tres millones 548 mil 188.28 pesos con una factura de Quickshine del Potosí, a cuya propietaria le explicó que fue derivado de una confusión en su despacho Bunker Corporativo Legal y Fiscal, que pertenece al Grupo Infinite, en el que funge como presidente del Consejo de Administración.
Coronado Zárate consideró que lo expuesto por la titular de Salud es falaz, porque la funcionaria asegura que las adquisiciones en esa dependencia son licitadas y “en nuestro caso resulta evidente que no sucedió, además de que la factura fue pagada el mismo día que fue expedida, lo cual es violatorio del procedimiento de licitación”, aseveró.
“No puede negar haber recibido y pagado la factura de Quickshine del Potosí”, compañía que a su vez acreditó ante la Fiscalía General del Estado haber transferido el dinero a las cuentas bancarias de Grupo Sasga y de Grupo Cano y Asociados, ambas empresas de empresas de Gabriel Salazar, como este se lo solicitó y a quien su clienta le imputa el delito de fraude.
LA SECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD, MÓNICA LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, ESTARÍA COLUDIDA EN UNA ESTAFA MAESTRA
●.- En complicidad con Gabriel Alán Salazar Soto, presidente de Grupo Infinite.
Escribe │ Eduardo Delgado
Fuente: https://www.astrolabio.com.mx/
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, estaría implicada en el fraude imputado al presidente de Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, quien obtuvo tres millones 548 mil 188.28 pesos de esa dependencia, con factura expedida y cobrada el mismo día, de una empresa no inscrita en su padrón de proveedores.
Es de conocimiento público que Gabriel Salazar es acusado de engañar a empresarios con el proyecto de edificación de un rascacielos de más de 100 metros de altura en la Zona Industrial, y de timar a cientos de inversionistas, locales y foráneos, a través de Invercorp Capital Financiero, la cual pertenece al Grupo Infinite, cuyo Consejo de Administración preside.
En agosto del año pasado, la dueña de la empresa Quickshine del Potosí, a través del despacho Corza & Asociados, encabezado por el abogado Tomás Ricardo Coronado Zárate, lo demandó por el delito de fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además del cobro indebido de un poco más de 3.5 millones de pesos con una factura de su empresa, le imputó el incumplimiento del contrato de prestación de servicios contables y fiscales, que suscribió con el despacho Bunker Corporativo Legal y Fiscal, otra empresa de Grupo Infinite.
La afectada –cuya identidad se reserva a petición de su representante jurídico–, relató en la querella que el 14 de noviembre de 2016, Gabriel Salazar acudió y se presentó en las oficinas de su compañía como vicepresidente de Bunker Corporativo Legal y Fiscal, pues le dijo saber que tenía incumplidas obligaciones patronales en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).
Sorprendida de cómo se enteró, le preguntó cómo lo sabía y él le respondió tener “muy buena relación” con directivos del Seguro, que además le gestionaría beneficios en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otras cosas. Persuadida, firmó contrato el 2 de diciembre de ese año.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2017, Gabriel Salazar le llamó para decirle que “por un error” en su despacho expidieron una factura de su empresa a los Servicios de Salud, porque las compañías Quickshine del Potosí y Proshine, “se llaman muy parecido”. La segunda dedicada a brindar “servicios de limpieza profesional”, también del corporativo Grupo Infinite.
Por ende, Gabriel Salazar le pidió devolverle el dinero “en diferentes cantidades”, depositadas en cuentas bancarias de Cano y Asociados y Grupo Sasga. “No tuvimos inconveniente en regresárselo”, añadió.
Recientemente, el SAT le requirió a la propietaria de Quickshine del Potosí el pago de más de 44 millones de pesos por incumplir el pago de contribuciones durante los últimos tres años, lo que la motivó a proceder por la vía penal.
En la siguiente foto aparecen, en círculos rojos, la titular los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez y Gabriel Alan Salazar Soto.
EL ESPECTADOR DE SAN LUIS POTOSÍ 